Solicitan mil 200 mdp para al Poder Judicial de Tamaulipas

 El Poder Judicial de Tamaulipas presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de presupuesto por mil 200 millones de pesos para el ejercicio fiscal próximo. La Ministra Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, explicó que el monto busca responder al aumento sostenido en la carga de trabajo y a la necesidad de fortalecer la plantilla laboral.

“Mil 200 millones de pesos es lo que estamos solicitando… son muchas las necesidades, pero también creo que es mucha la voluntad, mucho el esfuerzo y mucho el trabajo”, afirmó.

La titular del Poder Judicial en Tamaulipas, señaló que la propuesta presupuestal es “muy conservadora”, pues únicamente contempla el ajuste por inflación y el incremento al salario mínimo. Subrayó que, además del recurso solicitado, el Poder Judicial impulsa proyectos para optimizar procesos y ofrecer resultados concretos.

“Estamos trabajando con el Congreso del Estado para plantear estos incrementos; conscientes de la distribución y de la carga presupuestal”, detalló.

La Presidenta del Tribunal reconoció que, aunque se busca aprovechar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, la labor humana sigue siendo esencial.

“La actividad de las y los servidores públicos es en este momento insustituible”, puntualizó, al referirse particularmente a los juzgados de Altamira, donde la carga de trabajo en materia familiar es especialmente alta.

SEPARAN A JUZGADORA

En otro tema, Contreras López informó que el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial ha separado de sus funciones a juzgadores mientras se sustancian los procedimientos correspondientes.

“El Tribunal de Disciplina ha determinado que cuando existan indicios de que una persona no es capaz de desarrollar la función conforme a los principios constitucionales, debe ser separada del cargo”, explicó.

Hasta el momento, una persona ha sido suspendida de su función judicial, confirmó la Ministra Presidenta.

“Celebro y hago un llamado a las y los juzgadores a que refuercen este compromiso con la institución; en todo momento deberán actuar apegados a los principios constitucionales”, enfatizó y recordó que las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la remoción definitiva del cargo.